El jueves 15 de octubre dejó una imagen que resume el momento político. Afuera del Congreso, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a llenar las calles para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Adentro, la oposición no consiguió los 129 diputados necesarios para tratar la derogación del DNU 70/2023: se sentaron 121 y, a las 14.31, la sesión se cayó. La calle mostró volumen; el recinto, que ese volumen todavía no se traduce en votos.
Un reclamo con respaldo legal y sin fondos
El conflicto universitario ya no discute si existe una ley. La norma 27.795 fue vetada por el presidente Javier Milei, el Congreso la ratificó y el Gobierno sigue litigando para no aplicarla. Lo que se discute ahora es cuánto dinero llega. El proyecto de Presupuesto 2027 prevé unos 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide 11 billones. Según Unidiversidad, la inversión universitaria caería al 0,514% del PBI, frente al 0,712% de 2023.
El argumento oficial es el equilibrio fiscal, pero el debate empezó a moverse dentro de ese mismo terreno. Un informe de la consultora Zentrix, citado por Perfil, estimó que cumplir la ley costaría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos en 2027, entre 0,18% y 0,26% del PBI, y señaló partidas del presupuesto sin destino específico de donde podrían salir. Son cifras discutibles, pero corren la discusión del «no hay plata» al «dónde se pone la plata», que es una conversación política antes que contable.
Cómo el Gobierno vació el quórum
La sesión contra el DNU 70 fracasó por una combinación de gestión y negociación. Según la reconstrucción de Perfil, faltaron ocho de los dieciocho diputados de Provincias Unidas, los tres tucumanos del bloque Independencia y legisladores de San Juan, Catamarca y Misiones, entre otros. Detrás de esas bancas vacías aparecen gobernadores que negocian con la Casa Rosada obras, rutas y fondos.
Hubo, además, una jugada más fina. Un día antes, el oficialismo y sus aliados avanzaron con un proyecto sobre propiedad privada que restituye la Ley de Tierras Rurales, derogada por el artículo 154 del decreto. Así desactivó el argumento que más incomodaba a las provincias. Ese proyecto está previsto para el recinto de Diputados el 21 de octubre, y su suerte en el Senado es incierta.
Lo que deja la jornada
- La oposición tiene capacidad de movilización, pero no una mayoría estable en el Congreso: depende de gobernadores que negocian caso por caso.
- El Gobierno muestra que, aun en minoría, sabe administrar el quórum con recursos y gestos puntuales.
- El conflicto universitario se trasladó al Presupuesto 2027: allí se verá si hay voluntad de acordar.
- Los incidentes al final de la marcha, con heridos y un detenido, le dieron al oficialismo un relato alternativo que conviene no subestimar.
Para el Gobierno, la semana fue un éxito táctico: el decreto sigue vigente y el reclamo universitario no logró forzar votos. Pero los éxitos tácticos tienen costo. Cada sesión que se salva con acuerdos provinciales encarece la siguiente, y el Presupuesto 2027 será la prueba más exigente: allí no alcanza con que la oposición no junte quórum, el oficialismo necesita votos propios para aprobarlo.
Para la oposición, la lección es incómoda. Una marcha masiva demuestra legitimidad social, pero sin una estrategia parlamentaria que contenga a los gobernadores, la presión se diluye en el recinto. La universidad pública convoca de manera transversal como pocas causas en la Argentina; convertir ese consenso en una mayoría legislativa es el desafío que, por ahora, nadie resolvió.
Fuentes: Perfil (sesión del DNU 70), Perfil (informe Zentrix), Unidiversidad y la cobertura de Plano Político del 15 de octubre.
About The Author
