El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó, en un dictamen conocido este viernes 6 de noviembre, que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria. La decisión final queda en manos del juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente en Comodoro Py.
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Claves de la noticia
- Pollicita sostuvo que no pudo acreditarse que Adorni se haya enriquecido de manera ilegal durante su paso por la función pública.
- Según el dictamen, no puede descartarse que el patrimonio cuestionado se haya formado antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
- El fiscal no pidió el cierre de la causa: planteó investigar eventuales irregularidades impositivas, como posible evasión en tributos nacionales.
- Pidió además el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para esos períodos.
- Lijo debe resolver si acepta declinar la competencia y enviar el expediente al fuero Penal Económico.
Qué planteó el fiscal
De acuerdo con los medios que accedieron al dictamen, Pollicita analizó los informes contables que había requerido y concluyó que el delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo prevé el Código Penal, exige probar un incremento patrimonial apreciable e injustificado durante el ejercicio de la función pública. En este caso, entendió que esa condición no pudo corroborarse con la prueba reunida hasta ahora.
El planteo se apoya en el artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación, que regula los conflictos de competencia entre jueces. Con ese argumento, el fiscal propuso que el expediente se remita a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, el fuero que interviene en delitos vinculados con el régimen tributario. Si Lijo acepta el pedido, deberá sortearse el juzgado que intervendrá.
Los reportes coinciden en que el dictamen no equivale a un sobreseimiento. La investigación continúa, pero con otro encuadre: ya no se trataría de determinar si hubo un enriquecimiento durante el cargo, sino de establecer si existieron incumplimientos en las declaraciones impositivas.
El argumento de las inversiones en Bitcoin
Uno de los puntos centrales de la causa es la explicación que dio la defensa. Adorni presentó una declaración jurada rectificada en la que atribuyó parte de su patrimonio a ganancias obtenidas con inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, y dijo que el resto provenía de ahorros que no estaban declarados. En ese marco, justificó un incremento patrimonial cercano a los 513.000 dólares, según informaron en su momento distintos medios.
Para verificar esa versión, el propio Pollicita había solicitado una verificación criptográfica de ocho direcciones de billeteras virtuales, con el fin de determinar si estaban bajo control del funcionario, y había pedido revisar su historial laboral de los últimos doce años. Lijo, por su parte, había ampliado el período investigado hasta 1998 y ordenado levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa.
Según el dictamen, la fiscalía detectó posibles irregularidades en declaraciones impositivas, en la tenencia de dólares y en operaciones con criptomonedas. Esos puntos son los que, a criterio del fiscal, justifican seguir investigando en otra sede.
Qué puede pasar ahora
El juez Lijo tiene tres caminos posibles: aceptar la propuesta y declararse incompetente, con el consiguiente envío de la causa al fuero Penal Económico; rechazarla y continuar con la investigación por enriquecimiento ilícito; o definir un esquema distinto que combine ambas líneas. Hasta el momento no se conoce una resolución del magistrado.
Más allá de lo que decida, el dictamen modifica el eje de una causa que, desde hace meses, tiene a Adorni en el centro de la agenda política y judicial. Si el expediente cambia de fuero, la discusión pasaría de la evolución del patrimonio durante la gestión a la situación tributaria del funcionario y su entorno, con medidas de prueba que dependerán de lo que ordene el nuevo juzgado.
Hasta ahora, el planteo del fiscal no implica una acusación formal por evasión: es un pedido para que se investigue esa posibilidad. Como en cualquier causa en trámite, rige la presunción de inocencia para las personas involucradas.
Fuentes: Ámbito, El Cronista, Diario Río Negro, Noticias Argentinas.
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Director de Plano Político.
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