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Ley de discapacidad: el Senado la sancionó por unanimidad y será un régimen permanente

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el Senado convirtió en ley el nuevo sistema de discapacidad, que reemplaza a la emergencia que vence en diciembre.

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El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La votación terminó con 71 votos afirmativos y ninguno en contra. Con la sanción, el esquema de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad deja de depender de una ley de emergencia y pasa a ser un régimen permanente.

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La iniciativa ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados, donde había obtenido 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones. Según la cobertura de Infobae, el texto que llegó al recinto conservó cambios que habían reclamado la oposición y los bloques aliados del oficialismo durante el paso por la Cámara baja.

Claves de la noticia

  • El Senado aprobó la ley con 71 votos a favor y ninguno en contra, y completó así el trámite legislativo.
  • La norma reemplaza a la ley de emergencia en discapacidad 27.793, que vence el 31 de diciembre de 2026.
  • Las pensiones no contributivas por discapacidad se mantienen en el 70% del haber jubilatorio mínimo, con actualización por movilidad.
  • Quienes cobran la pensión podrán tener un empleo formal o ser monotributistas sin perderla, si sus ingresos no superan dos salarios mínimos.
  • El Estado deberá informar un cronograma de pago de las deudas con prestadores en 30 días y saldarlas en un máximo de 90.

Qué cambia con la nueva ley

El texto retoma en buena medida el esquema de beneficios de la ley de emergencia, pero le quita su carácter transitorio. En materia de pensiones, el monto sigue fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizará según la movilidad previsional. La ley no prevé un aumento extraordinario: según los medios que analizaron el texto, busca dar estabilidad al monto y a las condiciones de acceso, que exigen presentar el DNI y acreditar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Uno de los cambios centrales es la compatibilidad con el trabajo. Los titulares de pensiones podrán incorporarse al empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Según Infobae, ese punto se mantuvo a pedido de los bloques aliados en Diputados.

Para los prestadores, la ley conserva el nomenclador único, que fija los aranceles de las prestaciones, y establece su actualización automática atada a la movilidad jubilatoria. Si al momento de la sanción existen deudas pendientes, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarlas dentro de los 90 días corridos. La norma también obliga a que los futuros presupuestos incluyan recursos suficientes para las prestaciones y prevé fondos del Tesoro para cubrir eventuales faltantes.

Además, garantiza la continuidad del programa Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas y crea un sistema de auditorías periódicas sobre los beneficiarios, con cruce de datos entre ANSES, ARCA, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

De la emergencia al régimen permanente

La ley de emergencia en discapacidad había sido sancionada por el Congreso en julio de 2025, con vigencia hasta fines de 2026. El presidente Javier Milei la vetó y, en septiembre de ese año, ambas cámaras insistieron con el texto original: en el Senado, el rechazo al veto reunió 63 votos a favor y siete en contra. Fue la primera vez que el Congreso revirtió un veto de la actual gestión.

Con el vencimiento de la emergencia a la vista, el debate de este año giró en torno a un esquema estable que evitara un vacío legal a partir de enero. La unanimidad en el Senado contrasta con la disputa de 2025 entre el Gobierno y la oposición por el financiamiento del sector, que incluyó reclamos de prestadores por atrasos en los pagos y en la actualización de aranceles.

Qué viene ahora

Con la sanción del Senado, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial. La propia ley fija un plazo de 30 días para su reglamentación, una etapa clave para definir cómo se aplicarán la compatibilidad con el empleo, el régimen de auditorías y el cronograma de pagos a los prestadores. Hasta que eso ocurra, organizaciones del sector y prestadores seguirán de cerca la letra chica de la implementación.

Fuentes: Infobae, Parlamentario, El Doce, Perfil y Ámbito.

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Agustin Pereyra

Director de Plano Político.

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