Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por la compra de comida en mal estado
El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de alimentos en mal estado. La causa apunta a una posible cartelización en el suministro de comida para los internos del penal de Ezeiza.
El procedimiento se realizó el viernes y forma parte de una investigación que detectó raciones deficientes y licitaciones irregulares en cárceles federales. Martínez, al frente del SPF desde 2024, quedó bajo sospecha tras denuncias que describen una red de complicidades destinada a favorecer a empresas que entregaban alimentos no aptos para el consumo.
Durante el allanamiento, el funcionario entregó a los agentes judiciales un teléfono celular que no era el de uso habitual y afirmó haber “extraviado” su dispositivo personal esa misma mañana. La situación despertó sospechas inmediatas, por lo que la Justicia ordenó un rastreo de antenas para reconstruir la última actividad del equipo desaparecido.
El peritaje reveló que el celular se había conectado apenas una hora antes del operativo, en el barrio porteño de Barracas. “O fue una coincidencia extraordinaria o alguien le avisó que iban a allanar”, deslizó una fuente judicial citada por Ámbito, en referencia a una posible filtración previa.
Maniobras de cartelización y empresas pantalla
La investigación judicial detectó que Bio Limp, actual proveedora del SPF y sin antecedentes en el rubro alimentario, funcionaría como empresa pantalla de Foodrush, una firma que ya había sido sancionada por niveles de Escherichia coli superiores a los permitidos en los alimentos suministrados.
El propio juez Villena constató las deficiencias del servicio durante una inspección en el penal de Ezeiza y, según trascendió en su entorno, calificó la comida como “un asco, vomitiva”.
Además, la causa estableció que ambas empresas compartían camiones, personal y facturación cruzada por más de $150 millones, una operatoria que, según el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, no podía pasar inadvertida para las autoridades del SPF al momento de adjudicar la licitación.
A estos elementos se sumó otro dato sensible: Fernando Martínez se movilizaba en un vehículo registrado a nombre de Enrique “Quique” Antequera, un prófugo con vínculos con la feria La Salada.
Pese a los planteos de nulidad impulsados por la fiscalía, el juez Villena ratificó la validez del expediente y confirmó que la investigación cuenta con el respaldo político de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para avanzar hasta las últimas consecuencias.
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