La Justicia obliga a una aseguradora a pagar indemnización pese a que la víctima tenía cocaína en sangre
Un tribunal ordenó a una aseguradora pagar indemnización por muerte en siniestro vial, pese a detectarse cocaína en sangre de la víctima.
Un fallo judicial generó polémica al obligar a una compañía de seguros a pagar la indemnización por un siniestro vial mortal, a pesar de que la víctima presentaba cocaína en sangre al momento del accidente. La sentencia establece un precedente sobre la interpretación de las cláusulas de exclusión en los contratos de seguros.
Según informaron diversos medios especializados, el caso involucra a un motociclista que perdió la vida en un accidente de tránsito. Los análisis toxicológicos post mortem revelaron la presencia de cocaína en su organismo, lo que llevó a la aseguradora a rechazar el pago de la póliza, argumentando que el consumo de sustancias prohibidas constituía una causal de exclusión contractual.
Sin embargo, la Justicia determinó que la mera presencia de cocaína en sangre no implica necesariamente que la persona estuviera bajo los efectos de la droga al momento del accidente. De acuerdo a lo publicado por Revista Quórum, el fallo centró su análisis en la diferencia entre tener rastros de una sustancia en el organismo y estar efectivamente intoxicado o con capacidades disminuidas.
El tribunal consideró que la aseguradora no logró demostrar de manera fehaciente que el estado de la víctima hubiera sido la causa directa del siniestro vial. En este sentido, la carga de la prueba recaía sobre la compañía, que debía acreditar que el consumo de estupefacientes fue determinante en la producción del accidente fatal.
La sentencia establece un importante precedente en materia de seguros y responsabilidad civil, al interpretar restrictivamente las cláusulas de exclusión y exigir pruebas concretas sobre la relación causal entre el consumo de sustancias y el hecho dañoso. Según consignó Carlos Paz Vivo, este tipo de fallos obliga a las aseguradoras a ser más precisas en la fundamentación de sus rechazos.
El caso reaviva el debate sobre los límites de las coberturas de seguros y la interpretación de las exclusiones contractuales, particularmente en situaciones donde intervienen conductas de riesgo o consumo de sustancias prohibidas.
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