24 de septiembre de 2026

91 jueces porteños respaldaron a Laura De Marinis tras el pedido de juicio político en su contra

Magistrados porteños respaldaron a De Marinis tras pedido de juicio político por su fallo sobre el Régimen Penal Juvenil.

Jueza Laura De Marinis en el centro de una polémica por fallo judicial

Un grupo de 91 magistrados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su «repudio» y «preocupación» ante el pedido de juicio político impulsado contra la jueza Laura De Marinis, luego de que dictara un fallo controversial sobre el Régimen Penal Juvenil.

La polémica se desató cuando De Marinis declaró inconstitucional, en el marco de un caso específico, la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil a un menor de 14 años. Esta decisión generó un fuerte rechazo en sectores políticos y motivó la presentación de una solicitud de juicio político contra la magistrada.

El Régimen Penal Juvenil establece el marco normativo para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, definiendo edades mínimas de punibilidad y procedimientos especiales. La decisión de De Marinis cuestionó la aplicación de esta normativa en un caso puntual, invocando garantías constitucionales.

Los 91 jueces que firmaron el comunicado de respaldo sostuvieron que las discrepancias con el contenido de una sentencia judicial deben canalizarse a través de los recursos legales correspondientes, como apelaciones o recursos extraordinarios, y no mediante mecanismos políticos como el juicio político.

Además, advirtieron que promover un juicio político basándose en el contenido de un fallo judicial representa una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial, principio fundamental del sistema republicano y democrático. Según los magistrados, este tipo de acciones puede generar presiones indebidas sobre los jueces al momento de resolver causas, condicionando su libertad para interpretar la ley y la Constitución.

El juicio político es un mecanismo constitucional reservado para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de funciones o faltas graves, pero no para cuestionar criterios jurídicos adoptados en sentencias, según sostienen los firmantes del documento de apoyo a De Marinis.

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