Denuncian freno a proyecto para controlar antecedentes en la Municipalidad de Córdoba
La concejala Julieta Rossi alertó sobre la intención de frenar la ordenanza que controlaría antecedentes penales de empleados municipales.
La concejala Julieta Rossi denunció públicamente que existe una intención de frenar el proyecto de ordenanza que busca establecer controles de antecedentes penales para el personal municipal de Córdoba, en una clara referencia al caso de Luciana Barrelier, la niña de 10 años asesinada en 2024.
Según informó Cadena Láser, la edil expresó su indignación ante la posible paralización de esta iniciativa que surgió justamente a raíz del femicidio de Luciana, cometido por un empleado municipal con antecedentes penales que trabajaba en contacto con menores en un polideportivo de la ciudad.
«Tiene que haber otro Barrelier para que reaccionen», manifestó Rossi con dureza, alertando sobre la gravedad de no implementar mecanismos de control que podrían prevenir tragedias similares en el futuro. La concejala remarcó que el proyecto busca garantizar que personas con condenas por delitos graves, especialmente contra la integridad sexual de menores, no puedan acceder a cargos municipales donde tengan contacto con niños y adolescentes.
El caso de Luciana Barrelier conmocionó a la ciudad de Córdoba en octubre de 2024, cuando la menor fue asesinada por Esteban Aníbal Gaetán, un empleado de la Municipalidad que poseía antecedentes penales por abuso sexual pero que, pese a ello, se desempeñaba en un polideportivo municipal.
La denuncia de Rossi pone en evidencia las tensiones políticas dentro del Concejo Deliberante respecto a la implementación de controles más estrictos en la contratación de personal municipal. La ordenanza propuesta apunta a establecer verificaciones obligatorias de antecedentes penales y judiciales como requisito previo al ingreso o permanencia en la planta municipal, particularmente en áreas sensibles que involucran trabajo con población vulnerable.
La paralización del proyecto generó críticas por parte de sectores que reclaman mayor responsabilidad institucional y medidas preventivas concretas para evitar que se repitan casos como el de Luciana Barrelier.
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