La Corte Suprema de Justicia adoptó una medida cautelar que suspende temporalmente la derogación de la Ley de Tierras, una normativa que regula la venta de propiedades rurales a extranjeros en Argentina. La decisión del máximo tribunal se produjo en medio de un intenso debate sobre la política de tierras del gobierno nacional y generó una división interna en el cuerpo de ministros.
Según informaron diversos medios, la cautelar fue aprobada por la mayoría de los integrantes del tribunal, con la notable excepción del juez Carlos Rosenkrantz, quien se manifestó en contra de la medida. Esta divergencia refleja las tensiones existentes en torno a la regulación de la propiedad de tierras en el país, particularmente en lo que respecta a su adquisición por parte de capitales extranjeros.
La Ley de Tierras, también conocida como Ley 26.737, establece límites a la extranjerización de tierras rurales y fue sancionada en 2011 con el objetivo de preservar la soberanía territorial argentina. Su potencial derogación había sido impulsada por sectores que buscan flexibilizar las restricciones a la inversión extranjera en el sector agropecuario.
La resolución de la Corte implica que, mientras se tramita el expediente judicial correspondiente, la ley permanecerá vigente y continuará regulando las operaciones de compraventa de tierras rurales. De acuerdo a lo publicado por medios especializados, el tribunal aceleró los plazos procesales para avanzar hacia una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la normativa.
El fallo tiene implicancias directas en diversas causas judiciales relacionadas con la adquisición de tierras en distintas provincias argentinas. En particular, afecta casos en Neuquén y otras jurisdicciones donde se habían cuestionado operaciones inmobiliarias realizadas bajo el marco de la ley vigente.
La decisión de la Corte se produce en un contexto de creciente debate sobre el acceso a la tierra en Argentina, donde organizaciones sociales y sectores productivos mantienen posturas encontradas sobre el alcance que debe tener la regulación estatal en este ámbito. El tribunal se encamina ahora hacia un pronunciamiento definitivo que podría marcar un precedente importante en materia de política territorial.
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