El Presupuesto 2027 sigue sin dictamen en la Cámara de Diputados y, a comienzos de noviembre, el oficialismo continúa sin los acuerdos necesarios con sus aliados y con los gobernadores para avanzar con el proyecto. La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para el 28 de octubre fue suspendida, y desde entonces las negociaciones quedaron abiertas, con fechas tentativas que apuntan a mediados de noviembre.
Claves de la noticia
- El oficialismo suspendió la firma del dictamen del Presupuesto 2027 por falta de acuerdo con los bloques aliados.
- Desde que el proyecto ingresó al Congreso, en septiembre, la comisión realizó apenas cuatro reuniones informativas.
- Los reclamos giran en torno a universidades, discapacidad, subsidios al transporte, deudas provinciales y políticas sociales.
- Según distintos medios parlamentarios, el Gobierno apunta a firmar dictamen el 17 de noviembre y a sesionar el 25.
- El equilibrio fiscal es, según el ministro de Economía, Luis Caputo, el límite de la negociación.
Qué pasó con el dictamen
El oficialismo había proyectado emitir el dictamen de comisión el 28 de octubre. Sin embargo, la reunión se suspendió porque no logró reunir el respaldo de la UCR, el PRO ni de Argentina Federal, bloques con los que la bancada de La Libertad Avanza mantuvo encuentros en los días previos. De acuerdo con la cobertura de Parlamentario y de Los Andes, las conversaciones continúan bajo la conducción del presidente de la Cámara, Martín Menem, con la intención de introducir cambios que no alteren el esquema fiscal previsto para el año próximo.
En ese marco, el jefe del bloque del PRO le envió una nota a Menem con una serie de propuestas para modificar el texto. Desde ese espacio señalaron que hubo diálogo con representantes del oficialismo y que algunos de los planteos empezaron a ser considerados. Según El Litoral, los aliados piden además que las promesas que reciben en las negociaciones queden plasmadas en el articulado del proyecto y no solo en compromisos verbales.
Los reclamos de aliados y gobernadores
Los puntos en disputa son varios. Los bloques dialoguistas y el Consejo Interuniversitario Nacional consideran insuficientes los recursos que el Poder Ejecutivo destinó a las universidades. A eso se suman los pedidos vinculados con discapacidad, los subsidios al transporte, las deudas de las provincias y los recortes en políticas sociales. Los gobernadores, por su parte, reclaman obras públicas y fondos para sus distritos.
En materia de discapacidad hubo un avance parcial: el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto relacionados con el área. También se informó que el Gobierno resolvió retirar algunos de los recortes del texto original y reemplazarlos con fondos previstos en otra iniciativa impulsada por el propio Ejecutivo en Diputados.
El factor numérico en el recinto
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita reunir al menos 129 legisladores para abrir la sesión. Esa diferencia obliga al oficialismo a sumar a los bloques aliados y a los gobernadores, que responden a legisladores de distintos espacios. Por eso, cada reclamo pendiente tiene incidencia directa sobre el calendario.
Qué puede pasar
Las fuentes consultadas coinciden en que la definición se demorará hasta noviembre, aunque difieren en las fechas exactas. Algunas mencionan el 11 o el 17 de noviembre para el dictamen y el 18 o el 25 para el debate en el recinto. Una de las versiones indica que el oficialismo busca firmar el dictamen el 17 y sesionar el 25, a cinco días del cierre del período ordinario. Si el tratamiento se posterga hasta esa última fecha, el Gobierno podría verse obligado a convocar a sesiones extraordinarias para completar la discusión.
El Ejecutivo sostiene que el equilibrio fiscal es la condición para consolidar la baja de la inflación y, por eso, mantiene el déficit cero como límite de cualquier modificación. La tensión entre esa premisa y los pedidos de gasto de aliados y provincias es, por ahora, el principal obstáculo del proyecto. El antecedente del Presupuesto 2025, que el Gobierno terminó retirando de la discusión ante la falta de acuerdos con los gobernadores, muestra que las negociaciones de este tipo pueden endurecerse.
El contexto económico agrega presión: el riesgo país superó los 900 puntos y marcó su máximo en más de un año, un dato que el propio Gobierno vincula con factores que no controla. Mientras tanto, la fecha de las próximas reuniones de comisión será la señal más clara de si el oficialismo consiguió destrabar el texto.
Fuentes: Parlamentario, Los Andes, El Litoral y Diario Panorama.
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Director de Plano Político.
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