El juez federal Daniel Rafecas condenó a Cristian Miguel Rivaldi, agente de la Policía Federal Argentina, a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y a su madre durante una protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación, el 11 de septiembre de 2024. El fallo se conoció el miércoles 11 de noviembre y, según coinciden los medios que lo informaron, es la primera condena a un integrante de las fuerzas de seguridad por su actuación en los operativos desplegados ante las movilizaciones frente al Parlamento.
Ver esta publicación en Instagram
Claves de la noticia
- El agente Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso, por lo que no quedará detenido.
- Recibió además una inhabilitación especial por el doble de la pena, es decir, dos años y medio.
- Rafecas lo consideró autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves.
- El fiscal Eduardo Taiano había pedido un año y seis meses en suspenso, y la querella, un año y ocho meses.
- Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el 17 de noviembre.
Además de la pena y la inhabilitación, el juez dispuso que Rivaldi deberá fijar residencia y quedar bajo el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal mientras dure la condena condicional. Al tratarse de una pena en suspenso, el agente solo tendría que cumplirla en prisión si vuelve a cometer un delito en el plazo que fija la ley.
Qué ocurrió aquel 11 de septiembre
Los hechos sucedieron durante una de las movilizaciones de jubilados que se realizaban cada miércoles frente al Congreso, en una jornada atravesada por el debate sobre el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Según la reconstrucción judicial difundida por los medios, Rivaldi usó el aerosol disuasivo que tenía asignado y lo dirigió al rostro de la nena y de su madre, que se encontraban en la zona de la protesta.
La menor fue atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron una conjuntivitis química. Las imágenes del episodio circularon ampliamente en redes sociales y en los canales de televisión, y motivaron una denuncia penal que derivó en la investigación contra el agente.
Las posiciones de la acusación y de la defensa
Durante el proceso, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que el policía se apartó de las normas que regulan el uso de armamento menos letal por parte de las fuerzas federales. La querella, a cargo del abogado Gregorio Dalbón, describió el accionar del agente como deliberado y planteó que hubo un uso desproporcionado de la fuerza.
Rivaldi, por su parte, negó haber dirigido el gas contra la menor. En su declaración afirmó que no había advertido la presencia de la nena y de su madre en medio del tumulto y que, de haberlas visto, habría actuado para protegerlas. A lo largo de la causa su defensa pidió el sobreseimiento, un planteo que no prosperó: el agente fue procesado y la Cámara Federal porteña confirmó luego esa decisión, lo que abrió el camino a la sentencia.
Tras conocerse el fallo, Dalbón lo presentó como la primera condena por la represión de protestas durante el gobierno de Javier Milei y anunció que buscará que se analicen las responsabilidades de los funcionarios que defendieron públicamente el accionar del policía. Entre ellos mencionó a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la actual titular de esa cartera, Alejandra Monteoliva. Hasta el momento no se conocieron respuestas oficiales a esos planteos.
Qué puede pasar ahora
La sentencia no está firme. Una vez que se publiquen los fundamentos, previstos para el 17 de noviembre, las partes podrán analizar el razonamiento del juez y decidir si recurren la decisión ante las instancias superiores. Tanto la defensa, que sostuvo la inocencia del agente, como la fiscalía y la querella, que habían pedido penas más altas que la finalmente impuesta, tienen la posibilidad de apelar.
El caso tiene además un peso que excede al expediente individual. Las marchas de jubilados frente al Congreso se convirtieron en uno de los escenarios más tensos entre manifestantes y fuerzas federales en los últimos dos años, con denuncias por heridos y detenciones, y con un debate abierto sobre el protocolo de orden público impulsado por el Ministerio de Seguridad. La condena a Rivaldi es la primera resolución de fondo que alcanza a un efectivo por esos operativos, y podría ser tomada como antecedente en otras causas que investigan episodios similares.
Fuentes: Ámbito, C5N, MDZ, Minutouno, Conclusión.
Mirá esta noticia en nuestro Instagram.
About The Author
Director de Plano Político.
Más notas de Agustin Pereyra →
