La Oficina Anticorrupción pidió a Capital Humano que le envíe información de sus contratos con la OEI
La Oficina Anticorrupción (OA) ha otorgado al Ministerio de Capital Humano un plazo de cinco días hábiles para proporcionar información sobre ciertos contratos que la cartera, bajo la dirección de Sandra Pettovello, realizó a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Esta solicitud fue enviada el pasado jueves, poco después del mediodía.
La petición de la OA se enmarca en una investigación iniciada por la propia ministra Pettovello, quien decidió destituir a Pablo De la Torre del área social del ministerio. Esta decisión se produjo en medio de la controversia por los alimentos almacenados en los depósitos de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires), y las sospechas sobre contrataciones irregulares con el organismo internacional.
Sin embargo, la información solicitada por la OA se limita únicamente a una de las subsecretarías del área que De la Torre gestionaba antes de su desplazamiento, hace dos meses. Según se pudo averiguar, las contrataciones realizadas a través de la OEI se extendían a otras áreas del ministerio.
«De acuerdo con las comunicaciones recientes entre esta dependencia y los organismos (Capital Humano y la OEI), el Ministerio de Capital Humano habría sido responsable de la selección de los prestadores a contratar a través de la OEI», se indica en la carta que la OA envió al Ministerio.
El director de investigaciones del organismo, Mariano Jorge Cartolano, solicitó a la reemplazante de De la Torre, Yanina Nano Lembo, que envié los datos de las personas contratadas exclusivamente por la subsecretaría de Políticas Territoriales, donde se detectaron varios contratos.
El organismo, dirigido por Alejandro Melik, pidió a Nano Lembo que precisara las tareas a realizar por los contratados, el mecanismo de selección empleado y quién solicitó las contrataciones. Además, se solicitó que se enviaran las «constancias documentales» que respalden cada uno de estos puntos.
Polémica
La contratación de personal a través de organismos internacionales es una práctica común en el Estado, especialmente cuando carece de los recursos técnicos necesarios para ciertos proyectos. Sin embargo, el uso que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, hizo del convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) ha suscitado diversas interrogantes.
Según investigaciones, ante las demoras en los nombramientos oficiales, el ministerio contrató a muchos de sus propios funcionarios mediante la OEI. Estos funcionarios, sin una designación oficial, facturaban a la OEI como prestadores de servicios externos. Este uso del convenio desvirtuó el propósito original del mecanismo, diseñado solo para ser una apoyatura externa del Estado, y ha dejado múltiples dudas que la Justicia intenta aclarar desde diferentes perspectivas.
Tras la salida de Pablo De la Torre, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, intervino en el caso. Con el objetivo de obtener una visión completa de las relaciones entre el Estado y la OEI, solicitó a 14 organismos públicos detalles sobre la cantidad de contratados y los fondos transferidos a la organización en los últimos tres años. Se estima que los montos transferidos en ese periodo superan los 28 mil millones de pesos.
Además, luego de la destitución de De la Torre y el inicio de la investigación por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), la ministra Pettovello presentó una denuncia en la Justicia basada en el testimonio de Federico Fernández, un funcionario cercano a De la Torre, a quien se le atribuía la realización de las contrataciones. La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, candidato del oficialismo para la Corte Suprema.
Existen tres líneas de investigación distintas, pero todas ponen bajo la lupa el mismo sistema de contratación, sobre el cual pesan varias sospechas. Entre ellas, la posibilidad de sobresueldos cuando los funcionarios fueron designados retroactivamente (superponiendo su sueldo oficial con el de la OEI) y la posibilidad de contratos fantasmas que pudieran haber alimentado una caja negra
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